El pasado domingo 1 de junio del 2025, México vivió una jornada electoral histórica al realizar por primera vez elecciones populares para renovar más de 2,600 cargos del Poder Judicial, incluyendo jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este proceso fue resultado de la reforma judicial impulsada en 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum.
A pesar de la magnitud del evento, la participación ciudadana fue baja. El Instituto Nacional Electoral (INE) estimó que entre el 12.57% y el 13.32% del padrón electoral acudió a las urnas, lo que equivale a aproximadamente 13 millones de votantes de un total de más de 99 millones de electores registrados.
La presidenta Sheinbaum calificó la jornada como un «éxito», destacando que la participación superó la de ejercicios anteriores como la consulta popular de 2021 sobre el enjuiciamiento de expresidentes, que registró un 7% de participación. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que la participación «cumplió las expectativas».
Sin embargo, diversos analistas y miembros de la oposición expresaron preocupaciones sobre la legitimidad del proceso debido a la baja participación y la falta de información sobre los candidatos. Además, se señalaron casos de candidatos con antecedentes penales y vínculos con el crimen organizado, lo que generó inquietudes sobre la independencia judicial y la posible politización del sistema de justicia.
La elección también estuvo marcada por llamados al boicot por parte de partidos de oposición como el PAN y el PRI, quienes cuestionaron la constitucionalidad de la reforma y su implementación apresurada. A pesar de ello, el proceso se desarrolló de manera pacífica, y se espera que los resultados oficiales se den a conocer antes del 15 de junio.
Esta elección representa un cambio significativo en el sistema judicial mexicano, al permitir que los ciudadanos elijan directamente a los impartidores de justicia. No obstante, la baja participación y las críticas al proceso plantean desafíos para la consolidación de una justicia verdaderamente democrática e independiente en el país.
