El 30 de octubre de 2024, el Senado de la República recibió las renuncias de ocho de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluyendo a su presidenta, Norma Piña Hernández. Estas dimisiones se producen en respuesta a la reciente reforma judicial que establece la elección popular de jueces y magistrados, modificando profundamente la estructura del Poder Judicial en México.
La reforma, aprobada en septiembre de 2024, propone que los ministros de la SCJN, así como otros cargos judiciales, sean elegidos mediante voto popular, con el objetivo declarado de democratizar la justicia y combatir la corrupción. Sin embargo, críticos argumentan que esta medida podría comprometer la independencia judicial y someter al Poder Judicial a influencias políticas.
Entre los ministros que presentaron su renuncia se encuentran:
- Norma Piña Hernández: Presidenta de la SCJN, reconocida por su defensa de la autonomía judicial.
- Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena: Destacado por su trayectoria en derecho administrativo y su compromiso con la justicia social.
- Jorge Mario Pardo Rebolledo: Conocido por su enfoque en derechos humanos y garantías constitucionales.
Las renuncias han generado un intenso debate sobre el futuro del sistema judicial mexicano. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ha propuesto modificar la reforma para que solo los integrantes de la SCJN y del Tribunal Electoral sean electos por voto popular, buscando un equilibrio entre la democratización y la preservación de la independencia judicial.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la reforma, argumentando que busca eliminar prácticas corruptas y acercar la justicia al pueblo. No obstante, organizaciones civiles y expertos en derecho han expresado su preocupación por los posibles riesgos que esta medida implica para la separación de poderes y la estabilidad democrática del país.
Se espera que en los próximos días el Senado analice las implicaciones de estas renuncias y determine los pasos a seguir para garantizar el funcionamiento adecuado de la SCJN y la implementación de la reforma judicial.